Vivienda pública: el gran ausente en España

En Europa, el acceso a una vivienda digna y asequible está estrechamente ligado a la existencia de un parque de vivienda pública o protegida que actúe como regulador del mercado. Mientras algunos países han apostado firmemente por este modelo, España parece haberlo olvidado por completo.

Austria, un ejemplo a seguir

Austria, y en especial su capital Viena, representa un caso ejemplar. En todo el país, el 24% de las viviendas forman parte del parque público o social, y en Viena esta cifra asciende hasta el 60%. Allí, más de la mitad de la población vive en viviendas de titularidad municipal o en promociones subvencionadas sin ánimo de lucro.

Este modelo no solo garantiza precios justos, sino que evita la especulación y favorece una convivencia social más equilibrada.

El caso español: cifras que alarman

En contraposición, España apenas cuenta con entre un 1,5% y un 2,5% de viviendas de titularidad pública o protegida en uso. Un porcentaje claramente insuficiente para un país con una crisis habitacional cada vez más grave.

Esta situación no es fruto de un solo gobierno. Durante las últimas décadas, diferentes administraciones, tanto nacionales como autonómicas, han contribuido a este vacío mediante la venta de vivienda pública a fondos privados, la descalificación de viviendas protegidas o la falta de inversión en nuevos desarrollos.

Un sistema fiscal que agrava el problema

A esto se suma la carga impositiva asociada a la compra de una vivienda. En muchos casos, alrededor del 25% del coste total de una casa corresponde a impuestos y tasas (desde el inicio de la construcción, hasta su venta final). Esta realidad encarece enormemente el acceso a la vivienda, especialmente para quienes buscan adquirir su primera propiedad.

Si el Estado renunciara a parte de esa recaudación en casos de primera vivienda, el impacto sería directo y tangible, lo cual cambiaría radicalmente las posibilidades de muchas familias.

Conclusión: es hora de despertar

La vivienda no puede seguir siendo tratada como un simple producto de mercado o una fuente de ingresos fiscales. Es un derecho fundamental, recogido por la Constitución, y como tal debe ser protegido.

Mientras el gobierno siga sin apostar decididamente por la vivienda pública y asequible, este problema no hará más que agravarse. Es responsabilidad de todos exigir un cambio de rumbo y reclamar un modelo que garantice el acceso a un hogar digno para todos, como ya sucede en otros países europeos.

Porque tener un techo no debería ser un privilegio, sino una garantía.

¿Sabías que al comprar una vivienda no solo pagas el IVA?

En realidad, hay una cadena entera de impuestos que se aplican desde la compra del suelo hasta la venta final, y que van inflando progresivamente el precio de la vivienda.

• Cuando el promotor compra el suelo, paga IVA (21%) o ITP (6–10%), más Actos Jurídicos Documentados (AJD) si corresponde.
• A eso se suma la plusvalía municipal, que aunque recae sobre el vendedor, se suele trasladar indirectamente al precio.
• Luego vienen las licencias de obra, tasas municipales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
• Y no olvidemos el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios del promotor, que también acaba repercutiendo en el coste final.
• Finalmente, cuando el comprador adquiere la vivienda, paga IVA (10%), AJD (0,5–1,5%), notaría, registro y gestoría.

📈 Todo esto puede suponer entre un 20% y un 25% del precio total de la vivienda, solo en impuestos y gastos derivados.

👉 Si el Estado renunciara a parte de esta recaudación —al menos en el caso de la primera vivienda habitual—, el impacto sería inmediato y real: muchas familias verían reducida su hipoteca mensual de forma significativa, y podrían acceder con más facilidad a una vivienda digna.